XXI Jornada Anual Club Inmobiliario: «La vivienda en un nuevo entorno»

El pasado 7 de julio el Club Inmobiliario Esade Alumni celebró su XXI Jornada Anual, con el lema «La vivienda en un nuevo entorno», en formato online, con el patrocinio de Anticipa, para analizar el impacto de la crisis en el mercado de alquiler en 2020 y 2021 y las acciones llevadas a cabo para salir reforzados en este nuevo entorno.

Eduard Mendiluce (MBA 97), vicepresidente del Club Inmobiliario Esade Alumni, dio la bienvenida a todos los participantes e introdujo a Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que presentó su estudio Mercado de alquiler residencial: previsiones para 2020-2021.

Oliver destacó que el alquiler se concentra en los hogares con menos ingresos: más del 61% de los hogares que viven en alquiler (1,9 millones de hogares) presentaban ingresos familiares por debajo de los 2.000 euros al mes y de ellos 700.000 con ingresos inferiores a los 1.000 euros al mes. Ello conlleva a que un 40% de la población que tiene un alquiler de mercado dedica más del 40% de su renta a atender los costes de la vivienda, un porcentaje notablemente superior a la media de la UE.

Actualmente, hay 1,4 millones de familias que viven en alquiler de mercado y destinan más del 30% de sus ingresos a pagar la renta, mientras que cerca de 700.000 familias que cuentan con ingresos inferiores a 1.000 euros/mes dedican de media el 45%. Según Josep Oliver, si los alquileres se mantienen a niveles actuales y los ingresos de los hogares vuelven a los niveles de 2013-14, serán 1,8 millones los hogares que deberán destinar más del 30% de su renta a atender los gastos de alquiler.

Mesa redonda

En la posterior mesa redonda, moderada por Joan Clos, presidente de la ASVAL, intervinieron David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Fomento; Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la APCE; Íñigo Fernández de Mesa, presidente de Rothschild España y vicepresidente de la CEOE; Eduard Mendiluce (MBA 97), consejero delegado de Anticipa y Albert Saiz, profesor titular de Urban Economics & Real Estate del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Tal y como explicó David Lucas, el Estado ha puesto en marcha una serie de medidas para aumentar la oferta pública de viviendas y racionalizar los precios del alquiler. «Una de las mayores preocupaciones es solventar los problemas del acceso a una vivienda digna a un precio accesible, para lo que es necesario una ley estatal de vivienda», comentó. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una medida que permite que las administraciones cedan el uso de suelo público a promotores privados durante 80 años para que estos construyan viviendas y las arrienden a precios asequibles, un paso decisivo del Ejecutivo para tratar de alcanzar su objetivo de poner en el mercado al menos 20.000 viviendas con un alquiler asequible en 2030. Las modificaciones afectan tanto al suelo de titularidad de la Administración central como al que es propiedad de autonomías o corporaciones locales. No obstante, también las comunidades deben jugar un papel, ya que son ellas las que tienen las competencias para fijar los precios y las condiciones con las que se podrán cerrar esos acuerdos con los promotores.

David Lucas recordó que el Consejo de Ministros ya aprobó la esperada estadística oficial de precios de alquileres, lo que permitirá avanzar en el análisis de los precios, y consideró que el sector inmobiliario no está en la misma situación que en 2008 porque es una crisis exógena al mismo, de forma que ahora puede ser tractor de la economía. «La crisis necesita de la generación de empleo, y la rehabilitación y renovación urbana es una vía», avanzó.

Colaboración público-privada

También Juan Antonio Gómez Pintado reconoció que la situación era distinta a la crisis anterior y que el sector está al 100% de su capacidad productiva, con una cantidad limitada de trabajadores afectados por los ERTE, por lo que se mostró totalmente a favor de una colaboración público-privada para impulsar el mercado del alquiler, aunque reclamó ganar en seguridad jurídica.

Íñigo Fernández de Mesa se mostró también partidario de dar ayudas públicas para que las familias vulnerables puedan pagar la renta y recalcó que la colaboración público-privada es fundamental porque «no hay más margen para un mayor gasto público».

Albert Saiz, por su parte, explicó el papel de la Reserva Federal de Estados Unidos en relación con la vivienda y concluyó que la concesión masiva de crédito, también para las hipotecas, ha permitido que el mercado de la vivienda no se haya colapsado durante esta crisis.

Eduard Mendiluce, durante su intervención, explicó que las pérdidas de salarios que ha causado la crisis de la COVID-19 ya se han trasladado a la morosidad, que ha pasado al 15%, con un 9% de los inquilinos que han solicitado moratorias, y solamente el 5% han solicitado un crédito ICO para pagar la renta.

Según Mendiluce, lograr que esas familias puedan rebajar su tasa de esfuerzo requeriría ayudas públicas, que estimó en unos 700 millones de euros anuales.

Finalmente, Joan Clos advirtió que el Estado debe tomar medidas para anticiparse a los problemas que provocará el previsible aumento del paro y que las circunstancias actuales demandan nuevas políticas. «Ahora es el momento de complementar la oferta de compraventa, con una mayor oferta de acceso a la vivienda» y recordó que tenemos el ejemplo de países como Alemania, Francia o Holanda, donde las políticas público-privadas son habituales en el sector inmobiliario.